El abogado Claudio Fierro, Jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública (DPP), creador del concepto “Botánica Jurídica”, para abordar las especificidades de la defensa de usuarios de cannabis, anunció que hace dos meses trabajan junto a un equipo de defensores en la especialización en torno a estos casos

El nuevo conversatorio de Fundación Daya «La Voz de las Víctimas de la Ley 20.000: Hacia la Construcción de un Camino de Justicia y Reparación«, reunió a pacientes vulnerados en sus derechos con el abogado Claudio Fierro, Jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública.

El creador de lo que se conoce como “Botánica Jurídica”, para abordar las especificidades de la defensa de usuarios de cannabis, aseguró que el tema, dentro de la perspectiva de la Defensoría Penal Pública, es el ejercicio de derechos constitucionales.

“Estamos frente a personas absolutamente alejadas de la criminalidad común, que están haciendo el ejercicio de una opción legítima, y son criminalizadas. Ese es el problema que tenemos hoy día y necesitamos de la voluntad del legislador para que esto pueda ser subsanado a partir de un contexto legal que sea claro y preciso. También es importante que en la Nueva Constitución este consagrado el Derecho a la Salud”

“Hemos tratado de instaurar una Defensa Especializada de Cannabis, para este segmento especial de la población que no comete un delito, pero necesita una defensa especializada, esta Botánica Jurídica, este concepto que yo he acuñado, es porque tenemos que estar explicándole a los jueces a cada rato de qué se trata esto, a los fiscales y a otros defensores”, continua Claudio Fierro, quien ya lleva dos meses trabajando en esta iniciativa junto a un equipo de defensores.

En la mayoría de los casos los detectives y carabineros exigen el permiso de cultivo del SAG para justiciar los allanamientos, algo que no corresponde.

«Se usa en todos los allanamientos, es una falacia, el Estado exige un documento que el Estado no entrega», indicó Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva de Fundación Daya, quien emplazó también al Colegio Médico para que recapacite en su postura y apoye la Ley Cultivo Seguro, porque lo contrario es estar de acuerdo con que los pacientes sean encarcelados.

«Emplazamos al Colegio Médico a corregir su argumentación. El informe de esta entidad presentado durante la discusión de la Ley, parte diciendo que la ley no es necesaria porque el consumo en Chile está permitido y quienes se van detenidos son los traficantes y no los consumidores… bueno, vemos que esto es mentira. Incluso nos hemos encontrado en audiencias donde los fiscales usan este argumento del Colegio Médico en contra de nuestros pacientes. Decisiones como estas inciden en la criminalización y persecución de los usuarios”

Paulina Bobadilla, fundadora de Mamá Cultiva y candidata a la alcaldía de Quilicura, por su parte celebró que cada día más usuarios y pacientes pierdan el miedo y alcen la voz por sus derechos. “No nos amedrentan los allanamientos, somos miles y agradezco que hoy los usuarios estemos unidos y demos la cara. Ya no somos un par de madres, somos toda una sociedad que ha sido abandonada por el Estado de Chile. Le exigimos al Senado que pongan en tabla la Ley Cultivo Seguro, que voten esta ley. Estos casos de hoy, me estremecieron profundamente”, cerró.

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