Primer caso de sobreseimiento por autocultivo de cannabis medicinal en Ñuble

El 27 de febrero de 2023, la casa de Miriam Azócar fue objeto de un allanamiento por parte del OS7 de Carabineros en la región de Ñuble, donde se incautaron cinco plantas de cannabis que ella cultivaba para aliviar los síntomas de una enfermedad diagnosticada hace más de 20 años.

Este episodio fue una experiencia angustiante para Miriam, quien siempre había utilizado el cannabis con fines medicinales para tratar el Lupus Eritematoso Sistémico, una enfermedad autoinmunitaria que puede afectar diferentes órganos.

El interés de Miriam por el autocultivo no surgió de la nada. En 2017, se unió a la Fundación Daya, una organización que brinda atención a pacientes que buscan alternativas en medicina cannábica para tratar diversas enfermedades.

Muchos de estos pacientes han probado medicamentos convencionales sin éxito, lo que ha llevado a algunos a considerar el cannabis como una opción viable para el manejo del dolor crónico.

El proceso judicial que enfrentó Miriam se extendió durante un año y siete meses. A pesar de los cargos en su contra por falsificación de recetas y cultivo ilegal de marihuana, logró el sobreseimiento de los delitos el 4 de septiembre, convirtiéndose en la primera persona en Ñuble en recibir este tipo de resolución.

Miriam, quien destacó la deficiente atención del sistema público de salud en Chile como un factor que la impulsó a investigar sobre el cannabis señala:

El tribunal reconoció que soy usuaria de cannabis medicinal. Me diagnosticaron en el 2001, y debido a la complejidad de mi enfermedad, busqué alternativas de salud.

La nueva legislación sobre el autocultivo medicinal permite a los individuos cultivar cannabis de manera legal, siempre que puedan respaldar su uso con recetas médicas.

Este fue un argumento clave en la defensa de Miriam, respaldada por la diputada Ana María Gazmuri, fundadora de la Fundación Daya.

Gazmuri subrayó que la falta de claridad en la aplicación de la ley ha afectado negativamente a muchas familias chilenas.

Existen numerosos casos similares al de Miriam, donde se imponen medidas de prisión preventiva. Es crucial que las autoridades, incluidos policías, fiscales y jueces, comprendan bien esta legislación.

Además, la diputada hizo hincapié en que un 70% de los allanamientos relacionados con el cannabis en Chile se llevan a cabo contra personas que cultivan medicinalmente.

Esto crea una falsa sensación de éxito en la lucha contra el narcotráfico, mientras que aquellos que dependen de estas redes ilícitas inyectan más de un millón de dólares diariamente.

Este caso representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de los pacientes que utilizan el cannabis como tratamiento y subraya la importancia de que las autoridades se familiaricen con las leyes vigentes para evitar más situaciones de injusticia.