Argentina endurece el acceso al cannabis medicinal con nuevas restricciones

El Gobierno argentino ha implementado nuevas y significativas restricciones al acceso al cannabis medicinal, afectando tanto a pacientes como a organizaciones que facilitan su cultivo.

A través de la resolución 3132/2024 del Ministerio de Salud, se han introducido cambios estrictos en la normativa que regula el Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann), lo que supone un control más riguroso sobre el uso de la planta con fines terapéuticos.

El Reprocann, que se creó en marzo de 2021 para permitir el cultivo controlado de cannabis por parte de pacientes con necesidades médicas específicas, había registrado a más de 90,000 personas en su primer año de funcionamiento.

Sin embargo, las autoridades actuales consideran que el programa se ha desviado de su propósito original, y han decidido implementar una serie de limitaciones para «reordenarlo».

Cultivadores solidarios y ONG

Uno de los cambios más destacados es la limitación impuesta a los cultivadores solidarios, quienes ahora solo podrán registrar y cultivar cannabis para un máximo de dos personas, incluido ellos mismos.

Esta medida reduce drásticamente el alcance del apoyo que estos cultivadores pueden ofrecer, dificultando el acceso a múltiples pacientes.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG), que juegan un papel crucial en el acceso al cannabis medicinal, también se ven afectadas por las nuevas restricciones. Ahora, estas organizaciones deben estar debidamente registradas y autorizadas por las autoridades locales.

Además, se les exige que notifiquen a los municipios sobre su enfoque en la investigación y uso medicinal del cannabis, y que los miembros de su comisión directiva no tengan antecedentes penales. Estas nuevas exigencias imponen una carga administrativa adicional que puede limitar su capacidad de operación.

Prescripción médica

Otro cambio significativo es la imposición de un requisito obligatorio para la inscripción en el Reprocann: una prescripción médica especializada.

Ahora, los pacientes solo podrán acceder al cannabis medicinal si cuentan con una indicación médica emitida por un profesional registrado en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) que, además, posea una Diplomatura o Maestría en el uso medicinal del cannabis.

Esta nueva normativa eleva las barreras para el acceso, limitando su disponibilidad a aquellos que puedan cumplir con estos estrictos requisitos.

Nuevos límites para el cultivo y transporte

La resolución también establece límites estrictos en la cantidad de cannabis que los pacientes pueden cultivar y transportar.

Se permite el cultivo de entre 1 y 9 plantas florecidas por paciente, con una superficie máxima de 6 m² para cultivos interiores y hasta 15 m² para exteriores.

Además, el transporte de cannabis se limita a entre 1 y 6 frascos de 30 ml de aceite, o hasta 40 gramos de flores secas.

Estos límites están diseñados para controlar la producción y movimiento de cannabis, restringiendo su uso a cantidades mínimas que puedan ser justificadas por fines medicinales.

Requisitos y sanciones

Las ONG y otras organizaciones sin fines de lucro que participen en el programa ahora deben acreditar su vínculo con los pacientes registrados mediante un carnet o constancia oficial.

El certificado de inscripción en el Reprocann tendrá una vigencia de tres años, pero las organizaciones deberán renovar anualmente su certificación de vigencia.

Además, se les puede exigir que presenten documentación adicional para demostrar que cumplen con las normativas aplicables.

En caso de que no se cumplan estos requisitos, o si así lo solicita una autoridad judicial, el Ministerio de Salud tiene la potestad de revocar las autorizaciones e inscripciones otorgadas, lo que podría dejar a muchos pacientes sin acceso al cannabis medicinal.

Conclusión

Estas nuevas restricciones reflejan un endurecimiento significativo en la política del Gobierno argentino hacia el acceso al cannabis medicinal.

Al imponer mayores barreras a los cultivadores solidarios, ONG y pacientes, las autoridades buscan ejercer un control más estricto sobre el uso terapéutico de la planta, lo que podría limitar severamente la disponibilidad del cannabis para quienes más lo necesitan.