En noviembre de 2024, el Ministerio de Salud (MINSAL) emitió un nuevo informe sobre la peligrosidad de la cannabis, destinado a los Servicios de Salud chilenos para ser utilizado en casos judiciales relacionados con la tenencia y el cultivo de esta planta.
Este documento representa un avance significativo en la defensa de los usuarios de cannabis, modernizando la Norma Técnica N°7, que regula los decomisos de drogas, y dejando atrás la desactualizada Ley 19.366 de 1995.
Reconocimientos clave del informe
El informe introduce una perspectiva innovadora que reconoce el uso medicinal y responsable del cannabis, desmintiendo aseveraciones de informes previos sobre supuestos daños al cerebro y trastornos generalizados por consumo.
Basado en evidencia científica actualizada, señala que el cannabis no genera adicción ni representa un riesgo significativo para la salud pública. Además, respalda la posibilidad de cultivo personal explícitamente permitida por la ley chilena.
Sustento científico y normativo
El documento destaca los usos terapéuticos del cannabis, ampliamente documentados en la literatura médica internacional. En 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció formalmente su utilidad medicinal en su 41º informe, elaborado por el Comité de Expertos en Farmacodependencia.
En Chile, el Decreto Nº 84/2015 y los artículos 8 y 50 de la Ley 20.000 autorizan la prescripción de cannabis y sus derivados para fines terapéuticos.
El equipo encargado de la redacción incluyó especialistas del gabinete de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto con la División de Gestión de la Red Asistencial.
Este grupo fue liderado por el Dr. Sergio Sánchez, experto en políticas de drogas y pionero en el uso de cannabis medicinal en el país.
Implicaciones en los procesos judiciales
Con esta actualización, el informe de peligrosidad, utilizado como prueba pericial en juicios por infracciones relacionadas con cannabis, pierde su capacidad para sostener acusaciones que lleven a condenas severas.
Ahora, en casos de uso personal y próximo en el tiempo, las sanciones podrían limitarse al pago de una multa, reduciendo significativamente la criminalización de los usuarios.
Compromiso del gobierno
Este cambio refleja el compromiso del gobierno chileno de proteger a los pacientes y usuarios de cannabis frente a procesos judiciales y persecuciones policiales injustas.
Asimismo, diferencia el consumo personal y medicinal de las actividades vinculadas al narcotráfico y la delincuencia, reconociendo el derecho al acceso seguro y regulado de la planta para fines terapéuticos.
Esta actualización marca un paso importante hacia un enfoque más justo y basado en evidencia en torno al consumo de cannabis en Chile.
